El Decreto 276/025 creó en Uruguay los entornos controlados de prueba para proyectos de datos e IA: hasta 2 años, un comité de 4 organismos y hasta 60 días hábiles de evaluación. La letra chica: el proyecto es público, pide evaluación de impacto en datos personales y la financiación todavía no está definida.
En Villa Constitución, Santa Fe, un juez civil y comercial no encontró seis causas citadas en un juicio de cobro entre dos lácteas, detectó un tribunal inexistente y advirtió sobre el uso de IA sin verificar. La condena fue de $108.000.000. Qué preguntarle a tu abogado si tu empresa litiga en Argentina.
El 13 de octubre, el Consejo Federal de la OAB publicó en Brasil la Resolución 16/2026, con siete premisas para acordar con empresas que venden IA jurídica, una semana después de que la OAB-SP demandara a una startup del sector. Qué dicen ambos textos y las 7 preguntas para tu proveedor si tenés un estudio en Uruguay, Argentina o Brasil.
En febrero de 2026 un juez civil de Tucumán multó a una abogada con $620.000 porque seis precedentes de su demanda no pudieron verificarse y, según el fallo, pudieron haber salido de una IA sin control humano. Qué pasó y qué revisar antes de presentar un escrito hecho con IA.
Una política de uso de IA no necesita veinte páginas. Con cinco puntos alcanza: qué herramientas y con qué cuentas, qué datos nunca se cargan, quién revisa lo que sale, cómo se registra y qué hacer si alguien se equivoca. Acá va la plantilla para copiar.
El Tribunal de Ética de la OAB de São Paulo aprobó en abril de 2026 una ementa sobre IA generativa: revisar todo lo que sale antes de presentarlo, verificar la jurisprudencia y que los socios supervisen a todo el equipo. Qué puede tomar de esto un estudio de Uruguay o Argentina.
El Observador informó que un ransomware expuso 300 GB de un estudio jurídico y contable de Montevideo, con expedientes y declaraciones fiscales de clientes. Seis medidas concretas para cuidar los datos de clientes en un estudio que usa herramientas de IA.